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UNA REVOLUCIÓN JURÍDICA

Luego de varias idas y venidas, en 2016 el senado aprobó el proyecto de Ley para reformar el Código de Proceso Penal. En un principio las condiciones estaban dadas para que entrara en vigencia a partir de febrero de 2017, luego se entendió que era necesario postergar su puesta en práctica para julio del mismo año, pero finalmente el gobierno decidió aplazarlo una vez más y poner como fecha definitiva el 1° de noviembre de este año.

Hasta el año 1879 nuestro país estaba regido por las leyes españolas, dado que la Constitución de 1830 previó no derogar la legislación del reino de España hasta entonces no se aprobaran las nuevas normativas. En 1878 se aprueba el Código de Instrucción Criminal siendo el primero referido al proceso penal, en el gobierno de Lorenzo Latorre. Pasaron cien años para que aprobara la nueva reforma que se mantiene hasta la actualidad.

La nueva transformación se empezó a discutir en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, aunque de todas formas en el año 1997 comenzaron a aparecer los primeros impulsos de querer cambiar los reglamentos.

En el año 2000 Jorge Batlle como presidente de la República y Tabaré Vázquez comenzaron a promocionar el emprendimiento de modificar el actual Código, siendo el abogado penalista Gonzalo Fernández el nombre propuesto para redactar el proyecto.

Entre sus innovaciones, ya se enmarcaba la existencia de los juicios orales y públicos pero el factor económico frustró las posibilidades de ponerlo en práctica.

En 2009 se creó una comisión con el objetivo de dar el empuje definitivo para que salga a flote el proyecto de Ley que reforme el Código de Proceso Penal. Estaba integrada por los senadores Constanza Moreira y Oscar López Goldaracena por el Frente Amplio, Ope Pasquet por el Partido Colorado y Eber da Rosa representando al Partido Nacional; así como también la participación de jueces, fiscales, abogados, defensores de oficio y profesores de Derecho.

Algunos  operadores jurídicos afirman que la principal cuestión para ponerse de acuerdo en realizar dicha transformación es que se trata de una de las materias más “espinosas” de Derecho junto con el de Familia. Con respecto a los fiscales, entendieron que era necesario aplazar la fecha ya que los principales magistrados carecían de capacitación.

Entre sus principales novedades trae consigo el hecho de que los juicios pasarán a ser orales y públicos, así como también el nuevo rol protagónico del fiscal, quien de ahora en más sustituirá al juez en lo que refiere al papel de investigador. El principal punto de cuestionamiento es determinar si Uruguay está preparado para enfrentar este cambio y hacerlo operativo en cuestión de un mes con falencias económicas y otras dificultades de índole administrativa.

Polémica

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el fiscal Enrique Viana se encuentra en total desacuerdo con la nueva reforma. En una primera instancia opina que se trata de una imposición del gobierno de los Estados Unidos para todos los países de Latinoamérica y el Caribe, mientras que por otro lado viola y “choca” la Constitución.

Según Viana, el proceso penal uruguayo se basa en los artículos 15, 16, 22 y 27 de la Carta Magna. El artículo 15 versa sobre la semiplena prueba, es decir tener los suficientes elementos de convicción para procesar, y a su vez hace funcionar al artículo 27 donde se menciona la regla de la prisión preventiva. Actualmente se está discutiendo que no es necesario hacer uso de semiplena prueba en el nuevo Código, asunto por el cual el fiscal manifiesta desacuerdo.

En lo que refiere al artículo 16 se estipula que el juez deberá tomar declaraciones al acusado en las primeras 24 horas, y a las 48 horas el mismo magistrado deberá comenzar el sumario[1]. Estas son las definitorias de un proceso inquisitivo en el cual la relación es bilateral policía-juez. El hecho de introducir al fiscal en este vínculo supone una problemática por la simple razón que de ahora en más éste será quien tome el papel de llevar a cabo la investigación, comentó el fiscal.

Sin embargo Julio Iribarne, abogado en materia penal y socio del estudio Ferrere explica que el actual sistema tiene por definición ser inquisitivo: si bien el fiscal ayuda a juntar las pruebas, es el juez quien participa en la mayor parte de la causa. Con respecto a las declaraciones de Viana, en relación al carácter inconstitucional -por cambiar a un principio acusatorio- el abogado afirmó que le parece una visión “muy extremista”.

Por el contrario, en la medida que el acusador público y el imputado junto con su defensa se encuentren en la misma posición ante el magistrado supone un cambio favorable ya que este último no se “intoxica” con toda la investigación, dijo Iribarne.

Iribarne manifestó que dentro de los aspectos positivos que exige el nuevo Código se encuentra el principio de inmediación, lo que obliga a que un juez y el fiscal asistan al juicio. Si bien esa condición debería cumplirse, actualmente no sucede; las declaraciones son tomadas por un actuario (entiéndase como funcionario del Poder Judicial).

En cuanto a la oralidad, el abogado de Ferrere declaró que no está en contra de la oralidad pero el problema se origina cuando las garantías no están dadas. La víctima sí puede participar en la audiencia junto con el imputado, pero el que cree que las salas van a ser como las de Estados Unidos con aguaciles está muy equivocado, aseguró. “Los juzgados en Uruguay tienen muy poco espacio y el hecho de que exista tal cercanía entre víctima y victimario puede condicionar totalmente la declaración de la primera”.

No obstante, Gabriel Valentín, Magister en Derecho Procesal expresó que en caso de que la víctima se encuentre amedrentada puede solicitar declarar previamente, de lo contrario debe asistir al juicio con el acusado. El artículo 163 del nuevo Código  explica y prevé las precauciones para que declare con mayor libertad.

Valentín sostiene que el proceso penal en estos casi 200 años de vida independiente nunca se ajustó a lo que rige el sistema constitucional. La Carta Magna dice que debe haber un proceso de partes en el cual ha de existir un tribunal que puede ser el Estado, a través de sus jueces o un jurado el cual estaba previsto por la Constitución de 1830; luego se decidió eliminarlo debido a un caso muy conocido que ocurrió en 1929 donde el acusado quiso comprar al tribunal[2].

El actual Código de 1980, mantiene el mismo sistema del primero aprobado en 1878 donde las leyes procesales penales no se hicieron mirando a la Constitución sino a las antiguas leyes españolas que consagraban un sistema inquisitivo y al Código de instrucción criminal francés de 1808, donde el juez hace todo: investiga, procesa y condena, “sí bien esta reforma no respeta al sistema constitucional, es el que más se acerca” añadió el Magister.

Al consultarle a Valentín como se pretende implementar esta reforma suponiendo el gasto que conlleva, declaró que lo ideal hubiese sido realizar una buena inversión ya que Uruguay puso muy poco dinero. Solamente se empleó en los gastos referidos a capacitaciones y en la Fiscalía General de la Nación. Actualmente se le está solicitando al Parlamento la creación de 5 cargos en los judiciales con el objetivo que haya dos jueces en el proceso: uno en la etapa de la investigación y otro en el juicio.

De todas formas, el Magister entiende que el mayor problema se encuentra en la defensoría pública. Cerca de un 90% de los imputados son representados por la defensoría, la cual se encuentra en la órbita del Poder Judicial y eso es una “barbaridad” afirmó; entre otras cosas se da la problemática existente en materia de pagos por parte del Estado hacia los judiciales. “Se invirtió muy poco en este ítem y representa una desigualdad al no existir preparación para los defensores”.

Por su parte, Iribarne advierte que se está queriendo realizar una reforma sin la infraestructura necesaria, “no es solamente instrumentar una sala con dos micrófonos”, y declaró,  que además no existen los principales recursos como para montar una sala de audiencias para tal transformación. El abogado penalista sostuvo que existe un “voluntarismo” de querer instaurar un cambio tan significante sin las resguardos necesarios.

¿Pactos o acuerdos?

Viana argumenta que el proceso abreviado(llamado así en el nuevo Código) se trata de otra inconstitucionalidad, ya que lo homologa el juez como por ejemplo un convenio de pensión alimenticia, ocasionando una violación en el artículo 12 de la Constitución en el cual explica que ninguna persona puede ser penada sin proceso y sentencia legal, es decir juicio.

 

En Estados Unidos el 95% de los casos se resuelven con el sistema de “pactos”, el cual es muy criticado por varios sectores políticos del país ya que tiene como objetivo poner rápidamente en prisión a “los negros y a los latinos”. Esto genera un feedback entre fiscal y condenado ya que este último confiesa lo antes posible y recibe menos pena, comentó el fiscal.

En relación a esto, Viana opina que es riesgoso el recurso de los acuerdos porque será un método para confesar rápidamente y recibir menos pena en una negociación que termina cambiando la tipificación del delito, como por ejemplo, que una rapiña se convierta en un arrebato.

Viana se apoya en el pensamiento de John Langbein, profesor norteamericano de Derecho y expresa que van a haber dos tipos de procesos penales, los street crime, aquellos cometidos en la calle y los financial crime, aquellos antiguamente conocidos como de “cuello blanco” asociados a la corrupción, en el cual no van a haber presos y serán procesos largos tales como el de Ancap que son llevados a cabo en la Fiscalía o en los estudios jurídicos donde la defensa del imputado va a presentar pruebas para fallar a favor de este, favoreciendo a aquellos que se encuentren bajo el manto del poder del gobierno de turno,  manifestó .

Entre otras cosas, el fiscal afirma que con esta reforma no se puede denunciar ante el juez, sino que deberá ir a la fiscalía o a la seccional correspondiente, esto significa que los fiscales van a tener la “llave de entrada”, decidiendo lo que se lleva al juez, trasladando los poderes de un lado al otro, debilitando al Poder Judicial ya que pasa a ser un instrumento “decorativo”.

Sin embargo, Iribarne sostiene que hay diversas opiniones muy radicalizadas, aclarando además “que en el nuevo Código figura como acuerdos y no pactos, el que habla de pactos de alguna forma está calificando negativamente la situación”. Por otro lado expresó que quienes lo critican hablan de que los ricos entran por una puerta y salen por la otra, y los pobres no van a poder pactar y van sufrir todo el peso de la ley.

En otro sentido Iribarne, concibe a este acuerdo como una posibilidad de aliviar el proceso, es decir personas que cometen un accidente de tránsito o una flagrancia. Por ejemplo cuando toman a una persona cometiendo un delito, el acusado llega al juzgado reconoce su culpa y acuerda, el fiscal impone la multa o una indemnización para la familia de la víctima y se reduce la pena.

No obstante el abogado de Ferrere dijo que para el caso de delitos graves y casos de corrupción no le parece correcto que el fiscal pueda pactar impunemente con la defensa. Por tal motivo, opina que este Código debe aplicarse con racionalidad, y que no cualquier persona puede tener derecho a pactar. “Si un individuo comete tres homicidios, va al juzgado queriendo acordar con el fiscal teniendo una suma de un millón de dólares, para asignarlo en una cárcel modelo y liberarlo a los tres meses se trata de un acto de corrupción, ese no es el acuerdo que promueve el Código”.

Valentín afirma que los acuerdos pueden darse solamente cuando el fiscal termina la investigación y el caso se judicializa, lo cual es una garantía, porque si no el fiscal se deslindaría de la investigación presionando con un acuerdo y da el caso por terminado. El acuerdo sirve solamente para que el fiscal reduzca la pena hasta en un 1/3, el fiscal acusa y si se cumplen todos los requisitos el juez condena.

De todas formas el Magister resaltó que el proceso abreviado no logra convencer ya que no está claro qué controles tiene que hacer el juez y cuáles son los trámites que se deben realizar luego de que fiscal acusa; y que se prevé solamente para delitos con penas no superiores a los seis años.

A favor, en contra

Iribarne planteó que se ha perdido la oportunidad de agregar cambios que eran muy solicitados, por ejemplo el rol de la víctima. Si bien presenta una mayor participación en este nuevo Código no presenta una intervención plena. Hubiese sido muy favorable que surja la figura del “querellante” como existe en Argentina y Chile donde la víctima es una parte más, puede apelar, pedir condena, también pruebas. Dado el grado de exposición que va a tener la víctima con esta reforma esta figura sería de gran importancia.

“Lo que sucede en este caso es que existe un personalismo que tiñe la discusión, si el fiscal no fuera Jorge Díaz no existiría tal problemática. Díaz es un fiscal muy cuestionado, personalista que genera mucho rechazo sobre todo a aquellos que no acompañan la reforma”, manifestó Iribarne.

Con respecto a la figura del Fiscal General, Viana polemizó el tema y mantiene la idea de que es un Código impuesto por Estados Unidos y no se respetan los tiempos y sistemas jurídicos de cada país planteando que su estado de derecho existe la figura del fiscal general y la posibilidad de no ir a juicio.

En otro sentido, Viana expresa que además de las capacitaciones recibidas por los fiscales de nuestro país en Estados Unidos o especialistas de la materia que vienen a Uruguay, no es casualidad que a la despedida de la ex embajadora en Uruguay Julissa Reynoso la fiscalía realizó una despedida y hayan acudido todos los fiscales incluyendo a Jorge Díaz.

Por su parte Gabriel Valentín manifiesta que si bien el nuevo Código tiene sus fallas, es el que más se asemeja al sistema constitucional uruguayo, y es positivo  que el magistrado no lleve adelante esa búsqueda de elementos para ver si hay que acusar o no, sino el fiscal. El Magister subrayó además que sería muy bueno que  existan dos jueces en el proceso así como también la posibilidad de poder racionalizar la prisión preventiva, debido a que actualmente esta medida es una regla y una “barbaridad”, concluyó.
Fuentes consultadas:

* Dr. Julio Iribarne

* Mag. Gabriel Valentín

* Dr. Fiscal Enrique Viana

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sumario/sumario.htm

http://www.lr21.com.uy/politica/5174-batlle-y-vazquez-impulsan-un-nuevo-codigo-del-proceso-penal

http://www.lr21.com.uy/politica/1294611-senado-aprueba-unanimidad-proyecto-ley-nuevo-codigo-proceso-penal

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[1] Primera fase en todo proceso penal constituida por un conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral, así como a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

 

[1] http://www.elobservador.com.uy/el-crimen-que-enterro-la-justicia-ciudadana-n1122563